¿Un Derecho Penal para cada quien? El laberinto jurídico colombiano y las tensiones en el Laboratorio para la Paz

¿Es posible juzgar los crímenes relacionados con el conflicto armado con un criterio, mientras se juzga a los delincuentes comunes con otro completamente distinto, se aplica el DIH, interviene la Corte Penal Internacional... y todo esto mientras intentamos construir la paz? ¿Estamos ante un problema teórico o ante un problema fáctico y real de interpretación? ¿Dónde están los límites?

Esa fue la gran pregunta del Congreso de Derecho Penal Internacional organizado por la Universidad de los Andes en Bogotá el día de ayer 22 de mayo del año 2026 , al cual tuve la oportunidad de asistir. Bajo el título "Ética, tensiones y desafíos", este espacio reunió a académicos, litigantes y representantes de víctimas en un debate de altísimo interés nacional. Pero el plato fuerte de la jornada fue un panel espectacular titulado "Laboratorio para la Paz".

Los encargados de poner las cartas sobre la mesa fueron, nada más y nada menos, que los honorables Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ellos debatieron cara a cara sobre cómo enfrentar las nuevas realidades del conflicto en Colombia a través del derecho internacional.

Colombia como experimento jurídico global

Para entenderlo de forma sencilla, imaginen esto: Colombia hoy en día es un verdadero laboratorio jurídico que todo el planeta está observando. ¿Por qué? Porque somos el único país que se atrevió a mezclar, al mismo tiempo, todas las recetas posibles para buscar justicia y paz en el marco de un complejo conflicto armado.

Por un lado, tenemos los ojos de la Corte Penal Internacional encima; por el otro, a la JEP avanzando con sus macro casos; y al mismo tiempo, a los jueces de toda la vida procesando delitos ordinarios que se pueden considerar —o no— dentro del conflicto armado ( veaso CASOS DE GAO Y GDO- grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada ) , dependiendo del argumento que se plantee. Básicamente, pusimos a prueba los límites del derecho.

Ahí es donde surge el verdadero debate que se tomó el congreso: ¿De verdad estos mecanismos están funcionando para frenar la impunidad, o están colisionando unos criterios con otros, afectando la realización efectiva de la justicia? ¿Qué pasa cuando la teoría de los libros internacionales choca de frente con la realidad de nuestro territorio?

Los recientes pronunciamientos de las cortes internacionales y los avances de la JEP nos demuestran que estas no son discusiones aburridas de escritorio; son preguntas urgentes que definen el futuro de nuestro país. Por eso, este panel no se quedó en la teoría. Fue un escenario donde magistrados, académicos y defensores de víctimas analizaron, desde la experiencia real, cómo se está viviendo esta transición. En el evento se abordaron cuestionamientos profundos a la política criminal del Estado en referencia a la "Paz Total", la justicia especial, la jurisdicción penal ordinaria y los diálogos de sometimiento de grupos delincuenciales. Sin duda, una charla muy interesante.

El llamado de la Corte Constitucional y la exigencia de Seguridad Jurídica

Para mí, el punto más importante de la jornada fue cuando se abordó el pronunciamiento realizado por la Corte Constitucional, en el cual solicitó al legislador regular la materia de manera urgente. Esto con el fin de no tener un derecho penal mezclado en conceptos y en aplicación, ya que el sistema se está volviendo ambiguo.

Al final del día, los ciudadanos (ya sea en calidad de víctimas o de procesados) lo que buscamos es seguridad jurídica. Además, nos indigna la impunidad y la llamada ineficiencia de la justicia; pero entonces, ¿por qué no simplificar el asunto? Son preguntas que deberíamos exigirle a nuestros líderes y congresistas, quienes al día de hoy no han delimitado estas normas con claridad dentro de nuestro ordenamiento.

Ahora debemos tener en cuenta los fines que tenemos como sociedad respecto a esas normas y cuál es su ámbito específico de aplicación, precisamente para evitar impunidad o atropellos. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo lo hacemos?

Un debate abierto para el país.

La discusión está abierta y la diferencia de criterios se encuentra en el centro de la agenda jurídica, política y social del país. Esto ocurre en un momento donde Colombia está atravesando una nueva y grave crisis de seguridad, en el marco de un conflicto —o múltiples conflictos armados— que aún no terminamos de definir ni de explicar del todo. Ante esta colisión de posturas, cabe preguntarse: ¿se están afectando los límites institucionales?, ¿están resultando ineficientes nuestras herramientas a causa de este choque?

La mesa está servida para todos los espectadores de la sociedad, colegas juristas y ciudadanos en general. Nos interesa conocer su postura: ¿Deberíamos seguir discutiendo estas cuestiones teóricas a profundidad, o deberíamos emplear un enfoque más práctico para la resolución de conflictos y la aplicación de justicia? Y más importante aún: ¿cómo lo hacemos? ¿Adoptamos la justicia transicional en el marco del derecho internacional como nuestra guía definitiva, o mantenemos la justicia penal ordinaria como el eje central de las instituciones?

La discusión queda abierta.

Ojalá sigan haciendo mas eventos como estos y logremos llegar a un consenso de criterios pronto para dar solución a estas cuestiones y tener mejor definidas las reglas de juego en beneficio de la seguridad juridica.

Creditos y referencias : Universidad de los Andes. (s. f.). Congreso de Derecho Penal: El derecho penal internacional en Colombia. Eficacia, tensiones y desafíos. Facultad de Derecho. https://derecho.uniandes.edu.co/evento/congreso-de-derecho-penal-el-derecho-penal-internacional-en-colombia-eficacia-tensiones-y-desafios/ 22 de mao de 206